SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, que estudia el proyecto de ley que liberaría hasta un 30 por ciento de los fondos acumulados en las AFPs, José Rafael Vargas, argumentó que, debido a la importancia de la pieza, es imperativo que la misma sea consultada con las autoridades congresuales que se instalarán a partir del próximo 16 de agosto.
¨Ese proyecto debe ser discutido con las próximas autoridades, porque usted no puede tomar una decisión de la envergadura de este proyecto sin que opinen las próximas autoridades¨, afirmó Vargas.
Agregó que la mejor decisión es una mesa redonda en la que, tanto los legisladores repitentes como los nuevos, expongan su parecer sobre la pertinencia de entregar parte de los fondos de pensiones a los trabajadores y otros aspectos, lo que para el legislador ¨es un acto de responsabilidad política¨.
El senador por la provincia Espaillat expuso que con un proceso franco y de consenso no habría espacios para quienes quieren hacer populismo con un tema tan delicado.
Expresó que ¨hay mucha gente que está jugando al populismo con este proyecto y yo siento que no podemos crearles un problema a las próximas autoridades¨.
Explicó el legislador que la comisión que preside está en un proceso de integrar los proyectos de la Cámara de Diputados y el del Senado, para rendir un solo informe.
José Rafael Vargas agregó que la extensión de la legislatura, debido al Estado de Emergencia, les permite seguir escuchando a los sectores involucrados, para lograr el mayor consenso antes del informe final.
Recientemente la Administradora de Fondos de Pensiones (ADAFP), propuso un dialogo con los diferentes sectores de la sociedad, para tratar los tópicos relacionados a la posible modificación a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social.
La propuesta de ADAFP han encontrado el respaldo pleno del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), La Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), la Fundación Justicia y Transparencia (FINJUS), entre otras.
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