SANTO DOMINGO.- Las empresas aseguradoras dominicanas deberán reforzar sus controles internos, mecanismos de prevención de delitos y sistemas de cumplimiento normativo ante la entrada en vigor, prevista para el 5 de noviembre, del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en el nuevo Código Penal.
El presidente de la junta directiva de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Wilfredo Baquero Ginebra, advirtió que el nuevo marco legal exige a las organizaciones y sus administradores revisar sus mecanismos de supervisión y gestión de riesgos.
Baquero Ginebra habló durante el encuentro “Nuevo Código Penal y la industria aseguradora”, celebrado en el hotel Real Intercontinental, con la participación de 235 representantes del sector, entre ellos altos ejecutivos, intermediarios, autoridades de la Superintendencia de Seguros y especialistas jurídicos.
La Ley 74-25, modificada por la Ley 44-26, establece que las empresas pueden responder penalmente por determinadas infracciones cometidas en su representación cuando se relacionen con incumplimientos de sus deberes de dirección, control o supervisión.
No obstante, la fecha de entrada en vigor está sujeta al debate de una propuesta del senador Rafael Barón Duluc que plantea aplazarla por 24 meses. La iniciativa cuenta con el respaldo de sectores empresariales.
Los controles deberán ser efectivos
Durante la jornada, la jurista María del Pilar Zuleta Gómez explicó que la responsabilidad penal empresarial puede derivarse de acciones u omisiones vinculadas con las obligaciones de supervisión de las juntas directivas y los administradores.
La especialista señaló que los programas de cumplimiento normativo deben aplicarse en la práctica y disponer de mecanismos verificables y medibles.
El régimen contempla circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad penal de una empresa cuando esta demuestra que implementó controles efectivos antes de una infracción. También establece condiciones específicas para la exención de responsabilidad cuando esos controles hayan sido burlados mediante maniobras fraudulentas.
Los participantes analizaron, además, la importancia de documentar las decisiones corporativas, fortalecer los canales de denuncia y establecer procedimientos para detectar irregularidades.
El impacto en las pólizas de seguros
La jornada también abordó las implicaciones de la nueva legislación para los seguros destinados a proteger a empresas, ejecutivos y profesionales.
El jurista Luis Miguel Pereyra examinó los posibles efectos en las pólizas de responsabilidad de directores y administradores (D&O), errores y omisiones profesionales (E&O), responsabilidad civil, ciberriesgos y crimen.
Explicó que los programas de cumplimiento pueden incidir en la evaluación de riesgos y en las condiciones de aseguramiento. También advirtió sobre los límites legales relacionados con las sanciones penales y las conductas dolosas, por lo que una póliza no garantiza protección frente a todas las consecuencias derivadas de un delito.
Por su parte, Fernando Langa Ferreira, especialista en derecho de seguros, destacó la necesidad de revisar los mecanismos de supervisión empresarial y las relaciones con intermediarios y proveedores.
En el panel participaron también la procuradora de corte Mirna Johanna Ortiz Fernández, directora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los jueces Kenya Scarlett Romero Severino y Amauri Marcos Martínez Abreu.
Los magistrados analizaron las diferencias entre la responsabilidad individual y empresarial, el debido proceso y la valoración judicial de las omisiones y los deberes de supervisión.
La actividad contó con la participación de Francisco Campos, intendente de Seguros, y Franklin Glass, presidente ejecutivo de Cadoar.
El gremio indicó que continuará promoviendo el fortalecimiento de los controles internos y la adaptación del sector asegurador al nuevo régimen de responsabilidad empresarial.
