SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano ha prohibido formalmente mediante el Decreto 403-2026, a todas las instituciones públicas solicitar a los ciudadanos documentos que ya reposen en la base de datos de cualquier otra entidad estatal.
El calvario que tenían empleados y personas que solicitaban trabajos, de tener que buscar un documento en una institución para llevarlo físicamente a otra con la disposición se puso fin a ese viacrusis.
Esta medida, que busca simplificar la burocracia y agilizar la gestión pública, obliga a las instituciones a utilizar la Plataforma Única de Interoperabilidad. A partir de ahora, será el Estado, y no el ciudadano, quien deberá realizar las gestiones internas para obtener la información necesaria.
Esto significa que cuando realices un trámite, no tienes por qué cargar con copias de cédulas, actas de nacimiento, certificaciones de impuestos o antecedentes penales, siempre que estos documentos ya hayan sido entregados o procesados previamente en el sistema estatal.
La interoperabilidad es obligatoria y las instituciones están llamadas a consultar sus sistemas entre sí en tiempo real, lo que se traduce en un ahorro directo de tiempo y dinero al eliminar gastos en copias legalizadas y viajes innecesarios a oficinas gubernamentales.
El decreto es de aplicación obligatoria para todo el aparato estatal, incluyendo instituciones descentralizadas y autónomas.
En caso de que se te niegue el servicio por no presentar un documento que el Estado ya posee, tienes el derecho de elevar tu queja a través del portal 311 o ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Esta modernización administrativa marca un antes y un después en la relación del Estado con el usuario, priorizando la eficiencia digital sobre la tradición del papeleo.
